AMLO pretende declarar delito grave ‘la ordeña’ de combustible
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, perfila una serie de iniciativas de reforma que presentará al Congreso de la Unión —una vez que tome posesión el próximo 1 de diciembre—, en aras de cumplir sus compromisos de campaña.
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Las propuestas de reforma preven, entre otras cosas, declarar como delito grave y sin derecho a fianza el robo de combustibles, además de revocar la reforma educativa —aprobada en la actual gestión del presidente Enrique Peña Nieto— y aumentar al doble el salario mínimo que se paga en la frontera norte.
En conferencia de prensa, tras una reunión con legisladores que resultaron electos bajo la alianza partidista Juntos Haremos Historia, López Obrador aseguró que en la campaña no actuó con demagogia, sino que fue prudente en formular propuestas de gobierno realistas.
“Por eso puedo decir que todo lo que ofrecí lo voy a cumplir”, aseguró el político tabasqueño.
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Entre las iniciativas de gobierno que pretende impulsar el virtual presidente electo se encuentra realizar un análisis sobre la factibilidad de revisar los salarios de la fuerza laboral del país, ya que fue un compromiso con la clase trabajadora.
Sin embargo, matizó que cualquier cambio en este sentido tendrá que considerar una discusión con sectores clave. “Vamos a ponernos de acuerdo con el sector empresarial y con las organizaciones de trabajadores, con los sindicatos y vamos a buscar un aumento al salario, pero sí vamos también a consultar al Banco de México (Banxico), porque no queremos que haya inflación”, dijo el exjefe de Gobierno de la capital del país.
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La agenda de López Obrador para el Congreso también preve aspectos de orden administrativo como una ley de salarios máximos de los servidores públicos —para que nadie pueda ganar más que el presidente de la República—, así como la descentralización y la fusión de dependencias, además de la desaparición de delegaciones en los estados.
Sin embargo, aclaró que estas disposiciones tendrán que preservar los derechos de los trabajadores que están sindicalizados. En todo caso, aseguró que un posible recorte de personal en el servicio público afectará a los llamados empleados ‘de confianza’.
