El TLCAN 2.0 exige a México acabar con la simulación sindical
El acuerdo bilateral al que han llegado México y Estados Unidos en materia laboral, como parte de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), requiere de que el Congreso mexicano apruebe leyes para mejorar la relación entre empresas y trabajadores.
Información de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detalla que el capítulo de Trabajo incluye un anexo en el que México se compromete a adoptar medidas legislativas a favor de la libertad sindical, celebrar contratos colectivos y eliminar la práctica de los contratos colectivos de protección patronal.
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Estos últimos se refieren a los contratos colectivos que son firmados entre empresarios y sindicatos afines al sector privado, o bien despachos de abogados, pero que se establecen sin el conocimiento de los trabajadores que supuestamente representan, lo que constituye un acto de simulación.
El acuerdo se ve positivo pero, ponerlo en el texto del Tratado, significa un riesgo para el comercio con Estados Unidos, desde el punto de vista empresarial, ya que existen leyes secundarias pendientes de aprobarse para que se pueda cumplir este compromiso, explicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Sí hay un compromiso en este sentido y esperamos que lo podamos sacar en este periodo ordinario de sesiones”, agregó el empresario.
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En específico, se trata de la reforma al Sistema de Justicia Laboral, misma que está pendiente de ser aprobada desde finales de 2017, cuando la iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refiere información de la agencia Reuters.
Respeto a los derechos colectivos
Aprobar esta reforma es importante porque con ella se lograría la transformación de las juntas de Conciliación y Arbitraje en tribunales laborales dependientes del Poder judicial.
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Asimismo, la reforma de Justicia Laboral pondrá en operación el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, el cual se encargará de la administración y registro de contratos colectivos de trabajo, explicó Germán de la Garza, socio del despacho de abogados Mowat.
También se facilitará la desaparición de los contratos colectivos de protección, los cuales sirven para un trato discrecional de las empresas con los trabajadores y que boicotean el derecho efectivo a entablar negociaciones colectivas o ejercer el derecho a huelga.
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Este tipo de prácticas son las que Estados Unidos pretende eliminar con el acuerdo comercial, algo positivo para los trabajadores, pero que los empresarios no podrán cumplir si de entrada no existe en México una estructura jurídica moderna para la solución de conflictos laborales y adoptar mejores prácticas, consideró De la Garza.
Riesgo de recibir sanciones comerciales
Según Castañón, el riesgo de que se incluyan estos elementos en el TLCAN es que si las empresas mexicanas incumplen con esas condiciones, se da pauta a que Estados Unidos imponga prohibiciones o vetos comerciales o que incluso, pueda parar ciertas exportaciones de México, bajo el argumento de que las empresas del país incumplen lo establecido en el nuevo TLCAN.
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La reforma al Sistema de Justicia Laboral incluye una iniciativa para expedir la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, entre otras cosas.
Juan Pablo Castañón agregó que el sector privado está dispuesto a trabajar con el equipo de la futura secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para que el sector empresarial participe en el análisis y propuesta que esta dependencia tenga sobre este tema. (Con información de Verónica García de León)
