Empresarios rechazan dar validez a la consulta del Nuevo Aeropuerto
Representantes del empresariado rechazaron la legalidad y calidad estadística de la consulta pública convocada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
La noche de ayer domingo, la Fundación Rosenblueth dio a conocer que, tras cuatro días de consulta a la población abierta, la construcción del NAIM que se realiza actualmente en Texcoco, Estado de México, solo fue aceptada por 29% de los participantes, mientras que la mayoría —69.95% de 1 millón 067,859 votantes— se manifestó a favor de mantener activo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de habilitar Base Aérea Militar de Santa Lucía para la aviación civil.
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Ante los resultados, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que la consulta ciudadana "tal como fue organizada" no debe ser vinculante, porque no ofrece garantías de imparcialidad, certeza y objetividad.
A través de su cuenta de Twitter, el dirigente del organismo cúpula del sector privado reconoció a los ciudadanos que expresaron su opinión en la consulta ciudadana sobre la nueva terminal aérea.
Sin embargo, Juan Pablo Castañón dijo que los empresarios estarán atentos a las declaraciones y toma de decisiones del Gobierno en transición para hacer un posicionamiento al respecto.
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“Más allá del resultado de esta consulta, a la que no le reconocemos validez legal ni representatividad estadística, esperamos que el presidente electo tome en cuenta la evidencia técnica indiscutible y anuncie seguir adelante con el proyecto de Texcoco”, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En entrevista con Televisa, el dirigente empresarial comentó que una decisión de cancelar el proyecto de aeropuerto en Texcoco tendrá graves implicaciones en los mercados financieros, además de que significará la pérdida de confianza de los sectores productivos.
Gustavo de Hoyos hizo ver que la definición del proyecto de Texcoco fue producto de la decisión de un conjunto de instituciones y de órganos del Estado, por lo que si el nuevo Gobierno quiere modificar esa decisión no se puede invocar una consulta nacional.
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“Se tendría que fundamentar en las leyes el por qué una decisión que tomaron las instituciones no debe seguir adelante”, dijo el jefe del sindicato patronal.
Por otro lado, Gustavo de Hoyos refirió que las organizaciones empresariales estarán atentas a los daños patrimoniales que pudiera tener el Estado mexicano por esta inversión desaprovechada, “hemos escuchado que los derechos de quienes ganaron las licitaciones están garantizados, pero la pregunta es quién le garantiza el patrimonio al país en su conjunto”.
