Energías limpias, la manzana de la discordia en México

(NOTA DEL EDITOR: Este artículo se publicó en la edición marzo-abril de 2016 de la  revista Manufactura )

Durante su visita a París en diciembre del año pasado, con motivo de la COP 21, el presidente Enrique Peña Nieto se preparaba para presentar a México como un modelo a seguir en el combate al cambio climático, incluso para las potencias mundiales.

Pero su viaje resultó testimonial, luego de que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no llegaron a un acuerdo a tiempo para impulsar la nueva Ley de Transición Energética (LTE), debido a que las cámaras del sector manufacturero cabildearon con fuerza, en contra de las imposiciones que implicaban en el mediano plazo.

El Congreso logró aprobar la iniciativa, no sin antes establecer algunas modificaciones, las cuales han dejado inconformes tanto a los industriales como al sector de las energías renovables.

La polémica se centró en que la legislación ahora obliga a que las energías limpias generen 25% de electricidad hacia 2018, 30% en 2021, y 35% para 2024. De acuerdo con testimonios de profesionales de la industria, esto implicará un esfuerzo entre los grandes consumidores del mercado, lo que los afectará directamente.

"Desde nuestro punto de vista, faltarían más de 15 puntos porcentuales para alcanzar estas metas, lo que requiere, ya no triplicar, sino quintuplicar la inversión para alcanzar las metas que plantea la ley", acusa José Luis de la Cruz, presidente de la comisión económica de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

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El primer objetivo de 2018 implicará un aumento de cinco puntos porcentuales en el uso de energías limpias, para pasar del 20% actual a 25% en dos años.

El gobierno subastaría en febrero -finalmente se realizó en marzo- los primeros Certificados de Energías Limpias (CEL), un instrumento para apoyar el desarrollo de la generación eléctrica a través de fuentes renovables, como la cogeneración eficiente o incluso la nuclear.

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Además, se establece la obligación a tres años para que el gobierno les informe a los desarrolladores que deben vender energía limpia, y que habrá una demanda, ya que los usuarios tendrán que adquirirla. "Vamos a poner a competir a todas las energías", explica César Hernández, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener).

A pesar de que los cambios de último momento en la LTE otorgaron un mayor plazo para el cumplimiento de estas metas, en caso de que el mercado de las CEL no se encuentre desarrollado hacia 2018, los industriales mantuvieron su rechazo a la legislación, que puede comenzar a impugnarse a través de amparos.

"Esta ley nos obliga a generar la energía limpia, que es más cara, y que desplaza la competitividad que daría el gas natural", dice de la Cruz.

La presencia del gas natural en México llega a 6.9%, frente a 65% que aporta en Estados Unidos, 15% en Chile o 35% en España, según datos de Carlos Ruiz Sacristán, director general de la compañía iEnova México, especialista en sustentabilidad, que proporcionó durante una conferencia en la Ciudad de México, a finales de enero.

"Se requiere, sin duda, de un esfuerzo, de un plan nacional para que se amplíe esa red de ductos para que llegue este importante hidrocarburo a las casas, los comercios y, por supuesto, a la industria”, asegura Ruiz Sacristán.

El gobierno ya tiene delineado duplicar la red de gasoductos que existía en México antes de 2014, para pasar de 11,000 km a más de 20,000 km para 2018, lo que implicará inversiones por más de 20,000 millones de dólares (mdd).

Otras quejas

Pero los grandes empresarios no fueron los únicos que tuvieron quejas sobre la nueva ley, pues aunque resulta un avance en materia de responsabilidad social, han puesto a competir a las energías renovables solar y eólica, contra fuentes como la cogeneración eficiente y nuclear, además de aligerar las metas para el sector industrial, acusan empresarios y analistas.

"En el sector acerero se han dicho falsedades francas. Que la industria va a quebrar, que los costos… son argumentos increíblemente falsos", afirma José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La legislación también permite que energías como la cogeneración eficiente que nace de uno de los procesos residuales de la quema de gas natural, o la nuclear, compitan contra las renovables, lo que resulta algo cuestionable, considera Casiopea Ramírez, consultora y miembro del  Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

"Si tú ya tienes contratado 100% de tu demanda en gas y combustibles fósiles, eso quiere decir que vas a tener que comprar CEL por encima de tu demanda para satisfacer la regla", dice la también analista de la consultora Fresh Energy, quien asegura que los costos adicionales para la industria se darán por su apuesta a estos combustibles, y no a un supuesto sobrecosto de las energías renovables.

La primera subasta de los certificados, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compraría 6.3 millones, se daría a un precio de 884 pesos por la generación eléctrica, por lo que el paquete costaría 1,324 pesos, cerca de 70 dólares.

"El precio de 70 dólares de momento representa una posibilidad escasa de generar rentablemente con módulos fotovoltaicos”, apunta Alberto Valdés, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ANES).

El monto del certificado puede cambiar una vez que esté puesto en marcha el mercado de intercambio de CEL, pues ahí su costo se fijará según la oferta y demanda, por lo que aún se debe esperar a que madure el mercado, opina Ramírez.

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Lou Moura, director de ventas en el Caribe y Latinoamérica del fabricante de paneles solares Trina Solar, indica que una de sus preocupaciones es que, por ganar esta tarifa, se pueda aceptar cualquier precio, aunque no sea real. "Ahí podemos tener pérdida de tiempo y dinero, y puede que el país no alcance su objetivo de largo plazo”.

Las primeras consecuencias de la nueva legislación comienzan a generar dudas, tanto a los industriales como a las energías renovables, pero por el momento las metas siguen en curso, y la subasta de certificados, que puede generar inversiones por 60,000 millones de pesos, marcará la primera gran prueba, tanto para esta ley como para el recién nacido mercado eléctrico mexicano.

(NOTA DEL EDITOR: Este artículo se publicó en la edición marzo-abril de 2016 de la  revista Manufactura . La primera subasta de certificados de energías limpias se realizó en marzo y arrojó 39% de descuento sobre la oferta que realizó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que se ha comprometió a financiar proyectos eléctricos a los que otorgará 5.4 millones de certificados de los 6.3 millones que puso a subasta ).