Humberto López Portillo cometió abusos: Economía
La Secretaría de Economía insistió en que existen elementos suficientes para procesar a Jorge Humberto López Portillo Basave, ex director general de la empresa paraestatal Exportadora de Sal (EESA), por diversas irregularidades cometidas en su administración.
A principios de esta semana, un juzgado concedió al inculpado que se suspendiera una orden de aprehensión que ejerció en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 14 de septiembre.
Al recuperar su libertad, López Portillo Basave negó todas las imputaciones y se defendió ante la prensa al manifestar que esta acción judicial era parte de una persecución política en su contra.
Sin embargo, la Secretaría de Economía publicó un comunicado para exponer sus argumentos y sostener que sí existe una causa legal por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades.
Los desfalcos
Derivado de una serie de auditorías y procedimientos de control y vigilancia, la Secretaría de Economía refiere que se detectó la adquisición una embarcación (barcaza) de 15 mil toneladas métricas para la transportación de sal, por 27.2 millones de dólares (mdd), sin autorización del Consejo de Administración.
Sólo se le había permitido realizar estudios técnicos para valorar la conveniencia de comprar una con capacidad de 10,000 toneladas métricas, con un costo estimado originalmente en 6.8 mdd. Este hecho ocasionó su destitución como director general.
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De igual forma, López Portillo Basave incurrió en la indebida firma de contratos sin contar con la autorización del Consejo de Administración, como la venta de salmuera residual a la empresa Packsys, sin contar con autorización ni precios definidos por el Consejo y, además, con un convenio por más de 30 años y con renovación a perpetuidad.
También hizo ventas de sal industrial y de mesa sin contar con autorización del Consejo, mismas que comprometían 40% de la producción total de la empresa.
No hay persecución
Asimismo, firmó contratos sometidos a jurisdicciones extranjeras, cuando ESSA y las contrapartes son empresas mexicanas.
Como resultado de las irregularidades detectadas, ESSA solicitó la intervención de la PGR para realizar las investigaciones penales correspondientes.
En este contexto, la Secretaría de Economía rechazó las declaraciones del ex director general de ESSA, en el sentido de que su caso es una persecución política y económica de diversos funcionarios federales.
ESSA es una empresa paraestatal de participación mayoritaria del gobierno federal, cuyo capital social está dividido en 51% en propiedad federal, a través del Fideicomiso de Fomento Minero, y 49% en propiedad de Mitsubishi Corporation.
El Consejo de Administración u Órgano de Gobierno de ESSA se encuentra conformado por representantes de ambas partes, con mayoría gubernamental.
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