La iniciativa ciudadana que pretende “doblar” a las mineras de BCS

Un grupo de ciudadanos de Baja California Sur pretende comprometer a las empresas mineras a invertir en la mitigación del impacto ambiental y a reponer la sobreexplotación de los recursos naturales que causan sus operaciones, pero también aspira a imponer candados para que las plazas laborales de las compañías se destinen a la gente del estado.

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Contra el escepticismo de la Cámara Minera de México (Camimex) sobre la pertinencia de crear una regulación estatal, un comité ciudadano promueve la iniciativa de Ley de Fomento de Minería Responsable ante el Congreso de Baja California Sur.

Entre otras cosas, la propuesta pretende obligar a las compañías mineras a construir una planta desalinizadora para obtener del mar el agua que requieren sus procesos y que el recurso sea reciclado y reutilizado hasta donde sea técnica y eficazmente posible.

El documento propone una evaluación, cada cuatro meses, de la calidad y cantidad de agua en la cuenca hídrica donde la empresa realice la explotación minera, con el objeto de prevenir la contaminación hidrológica, además de establecer una fianza que garantice la reparación de posibles daños ambientales.

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“Estamos pidiendo una regulación más estricta en materia ambiental. Queremos que se obligue a las empresas que ya operan y las que vendrán, a tener procesos más limpios”, explica Miguel Ángel Luna Salaices, presidente del Comité promotor de la iniciativa ciudadana.

El peso de la entidad

Camimex refiere que existen 160 concesiones mineras en Baja California Sur. En 2016, la entidad aportó 2.3% del valor total de la producción nacional minera y, en términos de empleos, representa 1.4% del total nacional del sector, comenta Sergio Almazán, director general del organismo, que vela por los intereses la industria minerometalúrgica del país.

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El mayor valor de la producción está en la extracción de minerales no metálicos como sal, fosforita y yeso, entre otros, según el Panorama Minero del estado de Baja California Sur, elaborado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM). 

El cobre protagoniza la extracción de minerales metálicos, con una producción total de 467 toneladas —con datos de 2015—, lo que ubica a la entidad en el sitio 12 a nivel nacional, según el documento.

Algunas de las empresas más importantes de la entidad son la Exportadora de Sal, en la localidad de Guerrero Negro, y Minera y Metalúrgica del Boleo, en la comunidad de Santa Rosalía —dedicada a la extracción de cobre, cobalto, zinc y manganeso— ambas en el municipio de Mulegé.

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A comienzos de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera parcial las operaciones de La Testera, en el municipio de La Paz, y a cargo de la Compañía Minera El Triunfo, debido a irregularidades en el manejo de residuos peligrosos. A la fecha se mantiene el cierre parcial.

También en lo social

Pero la iniciativa no solo pretende hacer de la minería una actividad sustentable, sino que también pretende abrir mayores oportunidades laborales a la población en sectores distintos al turismo y obligar a las compañías a destinar recursos a actividades culturales y de protección a la salud en las comunidades.

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“Queremos que se les obligue a invertir en infraestructura. Que colaboren en la construcción de parques, escuelas, bibliotecas, en el mejoramiento de calles y avenidas”, refiere Luna Salaices.

Además, la propuesta aspira a que las empresas cubran hasta 60% de su plantilla laboral con la población del estado, que otorguen becas y apoyos a los estudiantes y que participen en actividades culturales y donen anteojos y equipos auditivos, así como ambulancias a zonas que lo requieran.

Hasta ahora ninguna de las compañías mineras de la entidad se ha interesado en la iniciativa. El activista confía en que los legisladores locales la discutirán seriamente, ya que no contraviene otra ley ni pretende invadir otras atribuciones como las que están en manos de la Secretaría de Economía o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o incluso sobre regular lo establecido en el Fondo Minero.

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Dicho fondo —creado en 2014 a partir de la Reforma fiscal— establece la obligación de las compañías a destinar 7.5% de sus utilidades a obras de carácter social.

El año pasado, las mineras aportaron 4,206 millones de pesos (mdp) para obras sociales e infraestructura productiva en los estados y municipios mineros, según la Camimex.

Incertidumbre

Luna Salaices comenta que en esta iniciativa se dice en qué aspectos se van a aplicar los beneficios, es decir, que se les da un destino más específico a esos apoyos que aportan las empresas. “Es algo que complementa y refuerza lo que ya existe”.

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Pero Sergio Almazán, de Camimex, piensa lo contrario. Recuerda que la minería es una industria de carácter federal y que es “inconstitucional cualquier iniciativa estatal que pretenda regular la exploración y explotación minera”.

En este sentido, Luna Salaces prevé juntar más de 25,000 firmas, equivalentes a 0.4% del padrón electoral estatal —hasta hace unos meses había juntado el equivalente a 0.13%; proporción más que suficiente a decir del dirigente— para que el Congreso le dé entrada a la iniciativa.

Sin embargo, el activista es consciente de que la alta capacidad económica de las mineras “puede influir en el ánimo y decisión de los legisladores.

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La Camimex, dice Almazán Esqueda, estará atenta a cualquier iniciativa o reforma que incida en las operaciones mineras; pero confía en que “el Congreso estatal no emita legislaciones o disposiciones que contravengan los principios constitucionales o que afecten el desarrollo de esta industria que es la base para el desarrollo de muchas otras industrias”.