Transferir los contratos del Nuevo Aeropuerto a Santa Lucía es inviable
Transferir los contratos ya firmados para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, como lo ha planteado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no es viable y tendrá altos costos para el país, aesguran expertos consultados.
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"Desde el punto de vista legal, los contratos no son trasladables, tendrán que cancelarse e indemnizar a los inversionistas. En el ámbito de las inversiones financieras el panorama es más complejo, si incumples cláusulas de alguno de los contratos se acelera tu deuda, cualquier cantidad tendrá que pagarse de inmediato", explicó Luis Rubio, socio director de la firma legal Holland and Knight.
López Obrador dio a conocer el jueves pasado, después de emitir su voto en la consulta pública para decidir el futuro del NAIM que, en caso de que sea cancelado el proyecto de construcción en Texcoco, Estado de México, los contratos se trasladarán a Santa Lucía, que también se encuentra en dicha entidad.
Entre los contratistas de la obra del NAIM están empresas de ingeniería civil, proveedores de materiales, operadores de plantas eléctricas y de servicios de transporte para la movilización de materiales y de personal, dentro de los cuales destaca el tren de carga administrado por Ferrovalle.
A decir de Juan Francisco Torres Landa, director general de la firma Hogan Lovells México, los contratos están atados al diseño arquitectónico, la ingeniería, las condiciones del medio ambiente, así como a la operación y al plan aeronáutico del proyecto original, por lo que no es factible trasladarlos a un proyecto distinto.
"Los costos serían muy altos, no solo en materia financiera, sino en credibilidad. Los inversionistas tienen otros lugares en donde invertir, México no es el único", dijo Torres Landa.
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Para Santa Lucía no existirán las mismas necesidades de servicios que las establecidas para el aeropuerto de Texcoco, porque en cada proyecto los terrenos y las plataformas son diferentes, explicó Rubio.
Las consecuencias no paran con el pago de indemnizaciones a los inversionistas por la cancelación de sus contratos, lo cual será cubierto con ingresos públicos. En el caso de las inversiones extranjeras, los privados pueden demandar al gobierno al apelar a los tratados internacionales que ha firmado México.
"Si tú como Gobierno no das trato nacional al inversionista extranjero (acordado en tratados internacionales) esto te puede llevar a un panel internacional por daños y prejuicios. Los inversionistas pueden demandar al Gobierno y arreglarlo en paneles de arbitraje", aseguró Rubio.
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"Hay que observar los términos de la negociación y, en cuanto a la solución de la controversia, dependerá de la cláusula específica por la que la vas a dirimir. Si es por una solución litigiosa, el común denominador es someterse a cláusulas arbitrales, terceros privados que por su imparcialidad e independencia serían nombrados para dirimir esas controversias", agregó Omar Guerrero, socio de la práctica de arbitraje de Hogan Lovells México. (Con información de Verónica García de León)
