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El T-MEC puede ser el trampolín de la política industrial

Las nuevas reglas de origen para autos encajan con la idea de AMLO de apoyar al mercado interno.
Las pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar el T-MEC y el programa de Zonas Económicas para insertarse en la industria automotriz / Foto: iStock

El recién firmado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad para conformar una política industrial en México sustentada en el desarrollo de cadenas de valor.

De esta forma, dicha política industrial contribuirá a generar un crecimiento económico más homogéneo entre las distintas regiones del país, como se ha planteado el nuevo Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aseguran especialistas consultados.

José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la exigencia de un mayor porcentaje de contenido regional automotor en el T-MEC, junto con el programa de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) -que puso en marcha la anterior administración-, puede impulsar diversos sectores industriales del país, como la petroquímica.

“A través de las ZEE, específicamente las de Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos, es donde se puede lograr ese cambio, principalmente en la rama de la petroquímica”, destaca Martínez Cortés en entrevista.

Nuevo acuerdo, nuevas oportunidades

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Los países socios del T-MEC acordaron incrementar las reglas de origen (porcentaje de insumos originarios de América del Norte respecto al total del producto) para autos ligeros y camionetas pick up, recuerda un estudio elaborado por la empresa consultora de Deloitte.

De esta manera, para que pueda ser considerado un automóvil como “regional”, los países miembros aceptaron aumentar el contenido de autopartes de 62.5% a 75%.

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“El nuevo Tratado pretende potencializar a la zona de América del Norte como una región manufacturera competitiva frente a otras regiones del mundo”, destaca la consulta Deloitte.

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En este sentido, Martínez Cortés considera oportuno aprovechar la mayor exigencia para definir una política industrial que impulse la proveeduría local, que incentive el valor agregado y que vincule a pequeñas y medianas empresas al proceso exportador, lo cual derive en mejor calidad de vida de la población.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 90% del valor del comercio exterior proviene de grandes empresas.

Asimismo, Martínez Cortés destacó la oportunidad de aprovechar el proyecto de las ZEE para organizar un centro de operaciones de la industria petroquímica, particularmente en la región de Coatzacoalcos, en donde pequeñas y medianas empresas se conviertan en fabricantes de polímeros y se inserten en la cadena de valor de la industria automotriz como proveedores de autopartes, con lo que México cumplirá los nuevos requisitos de contenido regional del T-MEC.

De maquila a alto valor agregado

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Eliseo Díaz, investigador del Colegio de la Frontera Norte, considera que otra línea de acción para el nuevo Gobierno consiste en comenzar una migración gradual de la industria maquiladora a la generación de valor local, sobre todo en los estados de la franja fronteriza con Estados Unidos, en donde proliferan muchas empresas que solo se dedican a ensamblar en territorio mexicano.

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En este sentido, el académico explica que la administración de López Obrador, de la mano de autoridades estatales, deberá definir una estrategia para alinear el perfil de los estudiantes de educación media superior y superior al perfil que demanda hoy en día el sector productivo.

Solo así las empresas podrán crear empleos mejor remunerados y sostenibles, insiste Eliseo Díaz.

La inseguridad, el pendiente

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Además de medidas de carácter económico, el sector productivo requiere de un marco favorable para su desarrollo, en el cual la seguridad pública es clave, pues un ambiente con altos índices delictivos representa costos para las empresas.

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estima que las medidas de prevención y de atención de la inseguridad representa hasta 20% de los ingresos de los negocios.

En ese sentido, Guillermina Rodríguez, analista de CitiBanamex, advierte que el factor de la inseguridad ya se ha erigido como una condicionante para que se concrete o no un proyecto productivo en determinada región.

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