¿México está preparado para reducir la contaminación de metano?

Nota del editor: Daniel Zavala-Araiza es científico mexicano y especialista para la Environmental Defense Fund (EDF) en los impactos de las industrias petroleras y del gas natural en el medio ambiente. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(Manufactura) — Frente a sus objetivos de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, México tiene una enorme oportunidad por delante. Esta oportunidad gira en torno al metano, un contaminante potente que contribuye significativamente al avance del cambio climático.

Junto con el dióxido de carbono, el metano es uno de los gases que más influye al efecto invernadero. Los investigadores señalan que casi el 25% del calentamiento global actual surge de la contaminación de metano generada por la actividad humana.

México ha mostrado indicios de querer contribuir a frenar el cambio climático y ahora puede asumir un papel fundamental como líder global y regional en los esfuerzos de regulación del metano. Para el gobierno federal, se trata de una herencia valiosa y, a la vez, una respuesta ante una necesidad urgente.

En todo el mundo, los científicos están alarmados por la enorme cantidad de metano —principal ingrediente del gas natural— que se fuga de la cadena de suministro del sector hidrocarburos. Si bien hay diversas fuentes emisoras de metano en México, entre ellas, los vertederos de basura y las actividades agrícolas, existe un interés especial por las emisiones derivadas de la industria del gas y el petróleo, un segmento de la economía destinado a un enorme crecimiento como resultado de la reforma energética.

Nuestro país ya se ubica en el quinto lugar entre los mayores emisores de metano por gas y petróleo del mundo. Y esto es un problema que podría empeorar a medida que este sector empiece a abrir sus puertas a otras empresas además de Pemex.

Si bien la actividad se concentra principalmente en la producción de petróleo en las costas del Golfo de México, el petróleo no es el único recurso que se explota offshore. A menudo, junto con el petróleo, también se produce gas natural. Podríamos decir que es un dos por uno que puede ofrecer un valor adicional a la industria y a la economía mexicana. Desafortunadamente, es muy habitual que este exceso de gas —que es tanto un producto con mucho mercado como un fuerte contaminante— se libere intencionalmente o se queme de forma ineficiente.

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Sin embargo, podría ponerse peor.

Es posible que en los próximos años, como resultado de la reforma energética, el gas natural llegue a convertirse en el mayor rival del petróleo en la contienda por ser la principal fuente de energía en nuestro país. Muy pronto, se incrementará la construcción de pozos onshore, instalaciones para el almacenamiento de hidrocarburos y gasoductos, como parte de proyectos a gran escala, para llevar el nuevo suministro de gas natural al mercado.

Si México no está preparado para enfrentar de manera responsable este desarrollo, podría resultar más difícil prevenir futuras pérdidas y emisiones, y solo se multiplicaría el problema del metano. Los estudios científicos que se han realizado en las regiones petrolíferas de Estados Unidos y Canadá han subrayado el problema generalizado de las fugas de metano por gas y petróleo.

La buena noticia es que para minimizar estas emisiones no será necesario realizar grandes inversiones: los analistas estiman que se puede lograr una reducción significativa en las emisiones de metano del sector hidrocarburos de México sin costo alguno. Inclusive, los operadores podrían llegar a ahorrar dinero vendiendo ese gas natural que actualmente se desperdicia. Es decir, cuanto más gas natural quede en el sistema, más eficiente será la industria energética mexicana y mayor será el avance en términos de protección ambiental.

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), uno de los principales expertos en energía del mundo, publicó un nuevo análisis recientemente que hace hincapié en las oportunidades que ofrece el manejo eficiente del metano.

La IEA reportó que con la tecnología que tenemos hoy sería económicamente viable reducir un 75% de las emisiones de metano producido por la industria global de gas y petróleo, y que es posible que dos tercios de estas reducciones se puedan lograr sin ningún costo neto.

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Además, lograr esta reducción drástica que plantea la IEA tendría el mismo beneficio climático a corto plazo que sacar de circulación mil millones de vehículos de pasajeros. Se trata de un impacto significativo para México y que permite demostrar aún más su compromiso climático.

En 2016, como parte de un acuerdo trilateral, México se comprometió a reducir entre un 40 y un 45% sus emisiones de metano de la industria del gas y el petróleo para el año 2025. Al igual que Canadá y Estados Unidos, México puede cumplir este objetivo si avanza en la implementación de regulaciones estrictas. En mayo, Canadá avanzó en la regulación federal del metano, mientras que en Estados Unidos, la promoción de una serie de acciones estatales y decisiones federales continúa demostrando la importancia de los estándares relacionados con el metano.

La semana pasada, Pemex se comprometió a trabajar para lograr reducir a casi cero sus emisiones de metano como parte de la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas (OGCI, por sus siglas en inglés), que está integrada por 10 empresas de gas y petróleo que suministran una quinta parte de la producción mundial.

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La ciencia nos está dando una clara advertencia, es hora de que escuchemos su pedido y actuemos. Nuestro país puede ayudar a liderar estos esfuerzos estableciendo medidas regulatorias responsables para el manejo del metano. Por su parte, la ASEA ha comenzado a desarrollar lineamientos y regulaciones para resolver esta problemática, pero la efectividad de estas medidas dependerá de que tan robustas son y del rigor con el que se implementen.

La industria del gas y el petróleo de México ya es hoy una alarmante fuente de contaminación de metano. Si el país decide ignorar esta tendencia, la planteada expansión del sector energético podría multiplicar estas emisiones y evitar que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales.