La multa que Europa busca para violación de emisiones
La Comisión Europea (CE) planteó imponer multas de hasta 30,000 euros por vehículo a los fabricantes de automotores que no cumplan con la normativa europea de homologación de vehículos, según una nueva propuesta presentada este miércoles sobre autorización y vigilancia de automóviles en el mercado.
"Para recuperar la confianza de los consumidores en esta industria necesitamos reforzar las reglas y asegurar que se respetan. Es esencial para la igualdad de condiciones y una competencia justa en el mercado", dijo el vicepresidente de la CE para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen.
El escándalo de los miles de coches trucados por Volkswagen para que parecieran menos contaminantes , destapado por las autoridades estadounidenses, puso de manifiesto las graves deficiencias de los sistemas de control europeos, actualmente practicados por los países.
También evidenció la impotencia de Bruselas para hacer cumplir la legislación europea en esta materia.
Por ello, la Comisión propone obtener la capacidad de imponer multas de hasta 30,000 euros por vehículo que incumpla las normas, por ejemplo, mediante la instalación de dispositivos de manipulación o falsas declaraciones, en el caso de que los Estados miembros no hayan impuesto ninguna amonestación.
Las multas también podrían imponerse a los servicios técnicos que llevan a cabo las pruebas sobre las que se basan las decisiones nacionales de homologación si fallan en el cumplimiento "riguroso" de los test, y dependerán de una "evaluación" de la "gravedad y el alcance del incumplimiento".
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La CE quiere además poder suspender la designación de servicios técnicos "laxos" en la aplicación de las normas y llevar a cabo una verificación de los test a través de su Centro Conjunto de Investigación.
Las autoridades nacionales, que toman la decisión de conceder o no la homologación a un vehículo en función de los resultados de las pruebas de los servicios técnicos, serán además sometidas a auditorías regulares e independientes y exámenes para asegurar que se cumplen "rigurosamente" las normas.
Según precisó la CE, esta propuesta mantiene la obligación actual de los Estados miembros de imponer multas en caso de incumplimiento y establece que, en el futuro, los países tendrán que informar anualmente a la CE de las multas que hayan impuesto, sólo que además se otorga poderes de sanción en caso de que estos no actúen.
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La CE propone además modificar el sistema actual de vigilancia, de modo que se eviten "vínculos financieros" entre los servicios técnicos y los fabricantes.
También obliga a los Estados a revisar periódicamente la situación del mercado y hacer públicos los resultados.
El texto que plantea la CE tendrá que ser ahora negociado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los países en Bruselas, para su adopción.
