Cofece sanciona a 7 navieras por repartirse rutas de transporte
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa por 581 millones 660,000 pesos a siete empresas navieras por cometer prácticas monopólicas absolutas, en el mercado de servicios de transporte marítimo de vehículos automotores.
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En un comunicado, el organismo explicó que las compañías se asignaban segmentos de rutas de transporte que involucran puertos mexicanos, con el propósito de reducir la presión competitiva y aumentar los precios de sus servicios.
La Cofece determinó como responsables a las empresas Compañía Sud Americana de Vapores, Kawasaki Kisen Kaisha, K Line America, Mitsui OSK Lines, Mitsui OSK Bulk Shipping, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha y Wallenius Wilhlmsen Logistics, todas competidoras entre sí.
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Estos agentes económicos sancionados prestan servicios de transporte marítimo en el mundo a fabricantes de equipamiento original, que producen y/o comercializan vehículos automotores, quienes coinciden en diversas rutas que involucran puertos mexicanos.
Así, estas empresas pactaron nueve acuerdos colusorios —celebrados entre 2009 y 2012, pero en algunos casos con vigencia hasta 2015—, para dividirse el mercado de transporte marítimo de vehículos automotores y de maquinaria rodante para la construcción y la agricultura en el territorio nacional.
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De esta forma redujeron la presión competitiva y elevaron los costos de los servicios que daban a empresas del sector automotriz, explicó el órgano antimonopolios.
Esta práctica consistió en la asignación de segmentos de rutas de transporte que incluían a México como punto de origen o destino, de o hacia Argentina, Brasil, Chile, Japón, Tailandia, Indonesia, y Bélgica.
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Los puertos nacionales involucrados fueron Altamira, Veracruz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas, en los que hubo carga o descarga de vehículos automotores para salir o ingresar a territorio nacional.
La autoridad de competencia económica recordó que la ley otorga el derecho a los agentes económicos sancionados para acudir al Poder Judicial de la Federación, en aras de que sea revisada la legalidad de su actuación.
