Reforma fiscal de EU plantea gravar la proveeduría extranjera
Como parte de la estrategia para incentivar la instalación de empresas en Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump afina con el Congreso de su país un impuesto que afectará a compañías extranjeras que presten servicios de proveeduría a las norteamericanas.
Dentro de la reforma fiscal que discuten legisladores estadounidenses se prevé una retención —cuya tasa se afina de entre 10% y 20%—, en el pago que hagan empresas en ese país por los servicios prestados por compañías ubicadas en el extranjero, como las que operan en México.
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La medida aplicará para todas las empresas norteamericanas que tengan proveedores en el exterior, lo que incluye a las que trabajen bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que abarcan un amplio rango de ramas industriales como automotriz, de textil-vestido, electrónica, de alimentos y bebidas, metal-mecánica y biotecnológica, entre otras.
“Esta propuesta si estaría afectando a la industria automotriz mexicana, por ejemplo, porque cualquier pago que haga cualquier empresa americana a una extranjera se grabará con un impuesto de 10%”, asegura Mario Morales, vicepresidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Con el propósito de dejar en claro de qué se trata el impuesto, el especialista menciona este ejemplo: una empresa maquiladora de Ciudad Juárez o Reynosa recibe íntegro el pago de 100 pesos, que le hace una compañía en Estados Unidos por la prestación de un servicio o de un producto.
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Sin embargo, “a partir de que la medida entre en vigor, (la empresa norteamericana) solamente le pagará 90 de los 100 pesos y la diferencia se quedará en Estados Unidos. El problema es que la maquiladora mexicana no podrá acreditar esos 10 pesos, entonces se volverá parte de su costo”, refiere el experto.
“Por ejemplo, todo lo que Ford Motor México le facture a Estados Unidos, Ford Estados Unidos le va a retener el impuesto”, alertó.
La reforma de Trump
El fin de semana pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa de reforma fiscal, que, entre otros aspectos, incluye un gravamen denominado BEAT (Base Erosion Anti-Abuse Tax), el cual fija un impuesto efectivo de 10% sobre pagos deducibles realizados desde Estados Unidos al extranjero.
Dicho gravamen no está dentro de la iniciativa que aprobó la Cámara de Representantes, aunque sí se prevé una disposición similar conocida como “Excise Tax” de 20%, sobre pagos a partes relacionadas en el extranjero, realizados a partir del 1o de enero de 2019.
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El proceso legislativo en ese país establece que ambas Cámaras deberán retomar aspectos de cada una de sus iniciativas y afinar un documento único, el cual será presentado al presidente Donald Trump para su correspondiente aprobación.
En este sentido, las negociaciones se perfilan a que se aprobará una carga fiscal para la contratación de proveeduría fuera de territorio estadounidense.
“Es un impuesto completamente nuevo que no está de acuerdo con los convenios para el pago de tributación al que tiene Estados Unidos con México o con cualquier otro país. ¿Para qué lo ponen? Para favorecer que empresas regresen a ese país y produzcan desde ahí”, afirmó Mario Morales.
“America great again”
Como parte la estrategia para fortalecer el ambiente de negocios en Estados Unidos, la propuesta de reforma fiscal de la Cámara de Representantes como la del Senado establece una reducción al 20% de la tasa corporativa. Sólo falta que los congresistas se pongan de acuerdo en la fecha en que entrará en vigor.
Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoce que la reducción de la carga impositiva a las empresas favorecerá la competitividad de Estados Unidos frente al resto de los países, como México. En nuestro país, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas morales se mantiene en 30%.
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Adriana Berrocal, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), destaca en entrevista que las empresas extranjeras que operan en territorio estadounidense, como las mexicanas Bimbo, Gruma, Nemak, Mexichem e incluso Pemex, se verán beneficiadas por la reducción del impuesto corporativo.
“Con que tengan los permisos de residencia para operar, no les afecta que sean de origen mexicano”, apunta la especialista.
En este sentido, Adriana Berrocal destacó que la reforma fiscal de Estados Unidos se ha convertido en un tema incluso de mayor preocupación que el destino del TLCAN.
El "tiro por la culata"
Sin embargo, existen dudas sobre el impacto que tendrá en el largo plazo la reforma fiscal de Estados Unidos, ya que una menor tasa de impuesto corporativo puede provocar un menor crecimiento económico y por tanto afectar a toda la planta productiva de ese país, nacional y extranjera.
“Lo que debería preocuparnos más es si esta reducción de impuestos en Estados Unidos terminará o no incidiendo en el ambiente económico. Lo que está proponiendo la administración del presidente Trump es que se pueda traducir en mayor crecimiento, pero la experiencia arroja que no necesariamente funciona, porque aumentan los niveles de deuda y las consecuencias son un impacto negativo en la economía”, considera James Salazar, analista de Ci Casa de Bolsa.
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En este sentido, el especialista considera que la reforma fiscal que se afina en Estados Unidos puede resultar contraproducente para ese país e incluso para la zona de América del Norte por su impacto en las cadenas de valor.
“Si la economía de Estados Unidos cae, la demanda de las exportaciones mexicanas también”, alertó el experto.