El robo de transporte de carga, ‘dolor de cabeza’ de los industriales

El robo de transporte de mercancía representa el mayor problema de seguridad pública para el sector manufacturero, ya que el asalto a camiones de carga como a los trenes sigue una tendencia a la alza en el país, advirtió Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

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En paralelo, el gasto en servicios de seguridad constituye una carga económica adicional a las fábricas, pero también un riesgo por la existencia de compañías que operan en forma irregular, dijo el experto.

“El problema principal del sector manufacturero es el robo de mercancía. Por ejemplo, el ferrocarril se convirtió en un rehén en muchas ciudades pequeñas”, aseguró Alejandro Desfassiaux en la presentación del libro “Cómo poner un alto a la inseguridad en México”. 

El incremento en el asalto al transporte de carga ferroviario se debe a que anteriormente no existía coordinación entre las policías estatales y la federal, así como a la proliferación de grupos de la delincuencia organizada, refirió Alejandro Desfassiaux.

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Datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) muestran que la red nacional acumuló al cierre del año pasado un total de 1,752 casos de robo a trenes, de lo cual se desprende que las entidades con mayor concentración de ilícitos en el país fueron Veracruz, con 15.8%; Puebla, con 13.1%, y Guanajuato, con 11.2%.

Tan solo en el cuarto trimestre de 2017, la ARTF registró 720 casos contra 508 del mismo periodo de 2016 —el primer dato disponible publicado por la dependencia—, esto es un crecimiento de 41.7%.

Vandalismo y protestas, otro foco de riesgo

A los asaltos a trenes se suma el vandalismo de grupos de la delincuencia organizada. Por ejemplo, la semana pasada las bandas criminales robaron e incendiaron vehículos de empresas para bloquear las vías de comunicación en Apatzingán y otros municipios de Michoacán.

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Asimismo, estos grupos delictivos bloquearon las vías ferroviarias de Michoacán, lo que según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), provocó pérdidas económicas de aproximadamente  600 millones de pesos (mdp) para la iniciativa privada.

Otros hechos en los que se alteró el orden ocurrieron en la segunda semana de febrero, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó las vías del tren de Michoacán, situación que provocó pérdidas por 350 mdp a las armadoras, conforme a cálculos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 

El caso no es diferente en el robo a camiones de carga, ya que en 2017 se registraron 11,832 asaltos a transportistas en todo el pías, según datos del reporte “Indicencia delictiva del fuero común”, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

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Dicha cifra representó un incremento de 75.8% en relación con 2016, cuando se denunciaron 6,471 ilícitos. En esta modalidad de transporte, los estados de México, Nuevo León, Michoacán, Puebla y Tlaxcala concentraron en 2017 tres de cada cuatro robos. 

Empresas gastan 6% de sus ingresos en seguridad

Alejandro Desfassiaux insiste en que el sector empresarial ha sido uno de los más afectados con el crecimiento de la inseguridad en el país, debido a  los costos para la protección de las actividades productivas.

En general, las empresas que operan en el país gastan actualmente en promedio 6% de sus ingresos para protegerse de la inseguridad, lo que incluye el gasto en seguridad privada, mientras que el promedio mundial es de 0.5% respecto de los ingresos, dijo el especialista.

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Esta diferencia significa que las empresas que operan en territorio nacional deben invertir 12 veces más en seguridad que en el resto del mundo, detalló el también presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

“La diferencia, en un caso muy concreto: una planta de Nestlé en Suiza y una planta de la misma empresa en México requieren seguridad privada. La diferencia es que en la de México tienen que poner guardias para cuando salga la mercancía”, comentó Alejandro Desfassiaux a manera de ejemplo.

Policías privados ¿confiables?

Asimismo, el experto refiere que incluso la contratación de seguridad privada implica un riesgo para los empresarios, pues en el país existen alrededor de 8,000 empresas que ofrecen estos servicios, varias de las cuales operan de forma irregular, ya sea porque carecen de registro ante la Secretaría de Seguridad Pública o porque ostentan documentos apócrifos o incompletos.

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Estas empresas integran un cuerpo de 480,000 guardias “y es muy probable que entre sus filas estén desertores; expolicías municipales, estatales o federales, que han sido dados de baja en los últimos cinco años por incapacidades físicas, psicológicas u operativas; o son personas con antecedentes penales”, alertó Alejandro Desfassiaux.

Para evitar este tipo de inconvenientes, el empresario recomendó a los industriales consultar si la compañía de seguridad privada está registrada ante la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México o sus equivalentes en los estados.

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De esta forma existe la garantía de que el prestador del servicio ofrezca una póliza general vigente de fianza de fidelidad patrimonial, que garantiza el pago de la responsabilidad económica, en caso de que sus empleados cometan delitos contra su cliente —ya sea en sus bienes o a terceros—; así como un seguro de responsabilidad civil, que protege a los terceros durante la prestación de los servicios.

El libro presentado por el especialista refiere que la actividad criminal cuesta 42,000 mdp anuales a la iniciativa privada, de lo que se desprende que la Ciudad de México encabeza la lista con un gasto de 5,700 mdp, seguida por el Estado de México, con 4,800 mdp; Guerrero, con 2,800 mdp; Guanajuato, con 2,500 mdp, y Tamaulipas, con 2,400 mdp. (Por Mario Alavez)