Pemex toma medidas en contra del robo de combustible
La Secretaría de Hacienda y Pemex han ofrecido cifras multimillonarias sobre el desfalco que le provoca a cada una de las dependencias el robo de combustible a través de ductos a lo largo del país, que oscilan entre los 15,000 y 30,000 millones de pesos (mdp) anuales.
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Pero este delito al final lo pagan todos los mexicanos, ya sea a través del sobre costo que deben pagar por cada litro de gasolina o a través del pago de impuestos que debe destinarse al presupuesto anual que otorga a Pemex el Gobierno federal.
¿Qué son las pérdidas no operativas?
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó este año el método para el reconocimiento de daños, que incluyó el robo de combustible en ductos (como los vistos en la últimas semanas en Puebla), y que quedan fuera del control de Pemex a pesar de los gastos realizados en seguridad y reparación de la infraestructura, según consta en la resolución 179/2017 aprobada el 16 de febrero de este año.
Pemex tuvo el mayor número de tomas clandestinas de su historia en 2016, pero la petrolera nacional no dio a conocer el monto de los robos o la inversión realizada en materia de seguridad de ductos, lo que sí tendrá que hacer para comprar a la CRE sobre los costos que quieren que se reconozcan para las pérdidas no operativas.
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Además de estas pérdidas, la CRE reconoció una tarifa por “prevención del delito”, que incluye un cálculo de los robos, que añade las inversiones en seguridad. Así que por cada barril que se transporta en cada uno de los sistemas de Pemex, quien recibe el combustible debe pagar un extra por este concepto.
Los costos para la iniciativa privada, una vez que se licite la capacidad extra por cada ducto de Pemex a lo largo de este año en las llamadas Temporadas Abiertas, puede alcanzar los 1,408 mdp, explicó el analista del sector, Ramses Pech.
Impacto en tarifa
El reconocimiento en las tarifas de estos costos provocados por el delito de la ordeña de los ductos de Pemex debe trasladarse al mercado de las gasolinas lo más posible, y en la medida que resulte razonable por los esfuerzos realizados por Pemex, pues de lo contrario lo terminarán trasladando a los contribuyentes, consideró García Alcocer.
“Así funcionan las tarifas, se trasladan al usuario final”, dijo el titular de la CRE.
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La Comisión trabaja en un sistema de reportes para cruzar los datos entre las compras que realiza cada estación de servicio en el país contra la venta de cada litro de gasolina, y detectar si existen diferencias lo que puede suponer que una gasolinera está vendiendo producto robado.
“El reto es mayúsculo porque como sabes son 11,500 gasolineras, y sólo de reportes estamos recibiendo ese mismo número por día, más los de Pemex y los distribuidores, y hacer ese rompecabezas, y no es una operación sencilla”, dice el funcionario.
Los costos por el no cobro del Impuesto Especial Sobre la Producción (IEPS) a gasolinas llegan a los 15,000 mdp al año, según datos de Hacienda; mientras que Pemex calcula que el monto por los barriles de combustible robados, y las reparaciones ambientales y estructurales derivadas, oscila entre los 20,000 a 30,000 mdp.
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“Lo que nos toca es promover las inversiones que inhiban el robo de combustible. Si alguien invierte en un ducto, deberá tener los medidores, sensores de movimiento, algún servicio de guarda. El papel de la CRE es reconocerlo en la tarifa”, explicó el funcionario. (Por Edgar Sigler)
