Lo que sabemos de la propuesta para reformar la Ley Minera

La bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado propone ampliar los requisitos para asignar concesiones mineras, al otorgárselas solo a proyectos que tengan estudios de impacto social, además del ambiental.

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La iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, también plantea revocar la concesión a quienes incumplan con esta norma y no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.

La propuesta de reforma a la Ley Minera fue promovida el martes pasado por la senadora de Morena, Angélica García Arrieta, quien argumentó que hasta este año se han documentado más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera en México, según la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Lo anterior, debido principalmente a que la Ley Minera vigente no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social, ni de las consecuencias del otorgamiento de concesiones, ni consultar a las comunidades ni a los pueblos afectados por las mismas.

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Al momento de presentar la iniciativa en la sesión del martes, García Arrieta recordó algunos casos emblemáticos en los que poblaciones se han visto afectadas por las compañías mineras y por falta de atención de las autoridades, como el de Pasta de Conchos, en 2006; la muerte del defensor comunitario Mariano Abarca en Chiapas, en 2009; el derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en 2014 o el amparo en el ejido de Sierrita, Durango en 2017.

Además, es muy común que las presas de jales mineros (rocas de desecho) contaminen cuerpos de agua con metales pesados, que los deterioran y hacen imposible su consumo, argumentó la legisladora.

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“No privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, exigió Arrieta desde la tribuna del Senado.

¿Qué cambios que se proponen?

La iniciativa prioriza la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad. Por lo anterior propone:

• Facultar al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social, respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.

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• Facultar a la Secretaría de Economía para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.

• Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.

• Obligar a los titulares de concesiones mineras a destinar un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.

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• Exigir los titulares un informe anual del impacto social de su lote minero y, en caso de no presentarlo, cancelar la concesión por incumplimiento.

¿Qué motivos se prevén para cancelar concesiones?

• Por declaratoria de zona inviable de explotación o en conflicto por impacto social negativo.

• No rendir al Servicio Geológico Mexicano el informe anual.

• No ejecutar o comprobar la ejecución de las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes.

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• No destinar los montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.

• Perder la capacidad para ser titular de concesión.