Diputados aprueban nuevo modelo de negocios para Pemex y CFE
En su tercer día de debates sobre la legislación secundaria en materia de energía, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La aprobación se dio, en lo general, por 331 votos a favor, 132 en contra y una abstención , en lo particular, por 319 votos a favor, 116 en contra y una abstención.
Las normas avaladas establecen las reglas que deberán seguir ambas instituciones para convertirse en empresas productivas del Estado —una obligación marcada en la reforma constitucional promulgada en diciembre pasado— y abre la puerta a que sus pasivos laborales se conviertan en deuda pública.
En el primer aspecto, las leyes señalan que Pemex y la CFE deberán regirse bajo un modelo de Gobierno corporativo, en el que tengan un director general, responsable de la operación diaria, y un consejo de administración, encargado de tomar las decisiones de negocios estratégicas y de largo plazo.
Cada consejo estará integrado por 10 miembros. En el caso de Pemex, cinco serán funcionarios del Gobierno federal y cinco serán consejeros independientes propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. En el caso de la CFE, cinco serán funcionarios gubernamentales, cuatro serán consejeros independientes y uno será designado por los trabajadores.
El segundo aspecto —los pasivos laborales— fue uno de los que causó más controversia a lo largo de la sesión.
Ambas leyes establecen que los consejos de administración podrán decidir que los ingresos excedentes se destinen al pago de pasivos laborales en materia de pensiones y salud.
Esta medida es una condición para que el Estado asuma las deudas de las dos instituciones en este rubro —que en conjunto ascienden a 1.6 billones de pesos—, lo que se concretaría con las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la propia Cámara baja discutirá esta semana.
Para los partidos de izquierda, esta modificación implicará que el endeudamiento de Pemex y de la CFE se pague con recursos públicos, lo que consideran una “carga” injusta para los contribuyentes.
“El pueblo de México no tiene por qué pagar eso. Entonces, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin claridad en el asunto de lo que estamos asumiendo como pasivos, no aceptamos que se le obligue a la nación y al pueblo de México a pagar esa cantidad y asumir ese pasivo laboral”, dijo en tribuna Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Al respecto, diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) defendieron la medida argumentando que esos pasivos ya pueden considerarse deuda pública, porque Pemex y la CFE pertenecen al Estado, y que ese saneamiento es necesario para que puedan competir con las compañías privadas a las que abrió el camino la reforma energética.
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