Seguro Popular controlará precio de fármacos
El comisionado del Seguro Popular, Gabriel O’Shea, será el responsable de establecer los precios de referencia de los medicamentos que adquieran las entidades federativas con recursos de este programa de salud.
De acuerdo con el documento que ya fue aprobado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), señala que la nueva disposición permitirá facilitar y eficientar el procedimiento para determinar el costo de los fármacos.
Esta medida se suma a la lista de precios que elaboró la Secretaría de Salud para los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos .
En este documento se establece que los precios de los medicamentos –sobre todo los genéricos-, no podrán ser mayores a 20% del precio referidos por el catalogo universal y mucho menos podrán exceder el precio máximo al público.
De igual manera, las recientes reformas a los títulos tercero y décimo octavo de la Ley General de Salud establecen que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de administrar el Seguro Popular, elaborará los lineamientos para disponer de los recursos económicos que reciban las entidades, quienes podrán destinar hasta 30% en la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios.
De acuerdo con los reportes de la Auditoría Superior de la Federaciones de los últimos tres año, las autoridades estatales o los institutos de salud pagan diferencias de hasta 300% por el mismo medicamento, o simplemente utilizan los recursos para la adquisición de medicamentos en otros rubros.
Con estas medidas, la Secretaría de Salud busca erradicar la corrupción o mal manejo de los recursos destinados a medicamentos, según refieren los documentos emitidos por la autoridad sanitaria.
En caso de que las autoridades detecten que los recursos no fueron destinados a la adquisición de medicamentos, deben notificar de inmediato a la Secretaria de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación.
La reforma a la Ley General de Salud establece una pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie.
