El Gobierno revisa 5 mil concesiones mineras por estas razones
CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, dijo que estaban pendientes más de 5,000 trámites de cancelación de concesiones mineras. ¿Qué significa esto para la industria?
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En México existen alrededor de 27,000 concesiones, de las cuales solo 3,000 registran operaciones, ya sean de exploración o de explotación, de acuerdo con la Cámara Minera de México. El Gobierno quiere revisar aquellas que no tienen ninguna actividad.
En muchos de esos casos, son las propias empresas las que solicitan que se cancelen.
“Las 5,000 concesiones que se han mencionado son parte de un rezago de trámites que vienen de la administración anterior. Es un tema administrativo. Son las concesiones que se abandonan, que no pagan derechos, que no se desarrollan conforme exige la ley. Son concesiones ociosas”, explicó Quiroga a Manufactura.
El subsecretario añadió que las concesiones que están al corriente y que ya operan no tienen de qué preocuparse.
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“El Gobierno tiene la obligación de revisar que en las concesiones se cumplan con las respectivas obligaciones. Eso no implica forzosamente la cancelación. Además, son los propios dueños de las concesiones los que pueden solicitar la cancelación de su propia concesión”, dijo Juan Pablo Gudiño, director de Igual Consultores, que se especializa en el sector minero.
Revisar no es cancelar
La vigencia de una concesión, de acuerdo a la Ley Minera, es de 50 años, con la posibilidad de ampliarla por 50 años más. Parece ser mucho tiempo, pero esta industria es un negocio lento y arriesgado: solo uno de cada 1,000 proyectos llega a convertirse en una mina. Tan solo la fase de exploración puede llevar alrededor de 20 años.
El hecho de que un particular cancele su propia concesión se puede deber a diversos factores, entre ellos, que no la va a usar, que no le conviene por no ser rentable o porque carece de los recursos para desarrollar el proyecto.
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“Esto es un procedimiento normal de regulación que hacen las autoridades. Es una buena noticia, porque se van a regularizar los trámites y se respetarán los derechos de todas las partes”, dijo Gudiño.
Aunque las concesiones no cumplan con algunas de las obligaciones, no necesariamente serán canceladas, pues esa es solo una de las sanciones, explicó Gudiño. En esos casos, el Gobierno puede solicitar mayor información o el cumplimiento de algún apartado.
“Se iniciará un trámite de cancelación para su posterior liberación para que sean puntales de desarrollo económico y social del país. Aquellos que no están al corriente, saben que tienen la puerta abierta en la Secretaría de Economía para regularizarse y buscar soluciones”, dijo Quiroga.
