Más inversiones en energía sólo si hay certidumbre
Las nuevas inversiones en el sector energético mexicano, que según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) podrían alcanzar 70 mil millones de dólares (mdd) si se aprueba la reforma energética, ocurrirá en la medida en que haya certidumbre jurídica y fiscal, coincidieron especialistas.
La iniciativa de reforma energética presentada por Enrique Peña Nieto, presidente de México, prevé la colaboración de la iniciativa privada en las actividades de exploración y extracción a través de contratos de utilidad compartida, así como la participación de terceros en toda la cadena de valor de los hidrocarburos a través de permisos otorgados por el Gobierno Federal. Sin embargo, aún no están claras las reglas del juego.
En el documento se dice que será en la ley reglamentaria donde se especificará la forma en que el Estado pueda aprovechar la participación de los sectores social y privado a través de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos mediante mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalente a un porcentaje de los mismos.
Las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas requieren de grandes capitales -10 veces más de los necesarios para proyectos en aguas someras y 100 veces más para yacimientos terrestres- debido a que implican el uso de tecnología y mano de obra especializada, y tienen probabilidades de éxito relativamente bajas.
Si no se tienen claras las reglas del juego, es difícil saber si conviene invertir o no, y más aún cuando se trata de proyectos de capital intensivo y de alto riesgo, dijo Benjamín Torres-Barrón, consultor especializado en energía de la firma Baker & McKenzie.
Por ello, para atraer nuevos capitales en materia energética es necesario que el gobierno genere una política que dé certidumbre a los inversionistas, consideró por su parte Arturo Saavedra, especialista en el sector energético de la consultora KPMG.
En cuanto a la participación de los particulares en la cadena de valor de los hidrocarburos, que incluye el transporte, almacenamiento y distribución, así como la transformación (petroquímicos y refinados) y comercialización, en la iniciativa sólo se explica que corresponderá a la ley determinar las condiciones bajo las cuales puedan concederse los permisos para llevar a cabo estas actividades, así como la regulación a la que estarían sujetos en su operación.
Además de dejar claras las reglas de operación, los especialistas consideraron importante crear un paquete de incentivos, sobre todo de tipo fiscal, para atraer nuevas inversiones.
