Instalar las zonas económicas no será fácil

La estrategia oficial para crear tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en cuatro regiones del país, y que ya está en marcha, enfrenta varios desafíos para convertirse en una realidad e impulsar el desarrollo económico prometido.

Como se sabe, las ZEE que se van a desarrollar a partir de este año abarcan a Tapachula, Chiapas; el Corredor Interoceánico que va de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, y la de Lázaro Cárdenas, que incluye los estados de Michoacán y Guerrero.

Sin embargo, analistas consultados advierten varios obstáculos en el horizonte, debido principalmente a rezagos en infraestructura, educación y desarrollo industrial que enfrentan dichas entidades, una situación que puede frenar la llegada de inversiones y frustrar los planes del gobierno.

Dichas entidades están por debajo del promedio nacional en variables como porcentaje de carreteras con cuatro carriles, densidad ferroviaria, población con servicio de agua potable y consumo medio de energía para uso industrial, según el estudio bianual La competitividad de los Estados, que realizó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

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Elvira Naranjo, investigadora del ITESM y coautora del estudio, dice que, por esta situación, la ejecución del plan de zonas francas no será fácil, ni rápida, ni mucho menos barata.

“Su actividad industrial es muy escasa para estimular el desarrollo de infraestructura como autopistas, gasoductos o tendido eléctrico de alta tensión”, dice.

Actividades de bajo valor agregado

Los cuatro estados en cuestión aportan conjuntamente apenas 4.8% del Producto Interno Bruto Industrial (PIB) del país, además de que la industria local está concentrada en actividades de bajo valor agregado como alimentos, bebidas o producción de ropa y muebles, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Suena a paradoja. Esos estados necesitan inversiones de “miles de millones de dólares” para detonar las ZEE, indica Jean Paul Gauthier, socio de Locus Economica, consultora que asesoró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el proyecto de Ley federal de Zonas Económicas Especiales.

Pero dichas entidades no tienen esos recursos y ningún inversionista está dispuesto a invertir en regiones con poco potencial e infraestructura.

A nivel mundial existen ejemplos de lo retadores que pueden ser estos proyectos. Un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 2014 indica que el Estado de Myanmar necesitó 8,000 millones de dólares (mdd) de inversión para detonar la primera fase de una ZEE.

Foto: Cuartoscuro

La cifra final —especula el organismo— pudo llegar hasta 50,000 mdd, debido a la necesidad de construir infraestructura adicional como una central propia de energía eléctrica, un puerto, una refinería y una siderúrgica.

Pero en el caso de México, Gerardo Gutiérrez Candiani, el recién nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas, ha dicho que se tiene previsto en el arranque una bolsa de 16,500 millones de pesos (mdp) que saldrán del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 y que se utilizarán para levantar infraestructura básica.

¿Incentivos suficientes?

La propuesta del gobierno retoma el modelo creado en China a mediados de la década de 1990 y que, según la investigadora Ximena Valentina Echenique, también del ITESM, consiste en ubicar un área geográfica próxima a un hub de transporte como los puertos Lázaro Cárdenas y Chiapas o a un centro de manufactura, como la zona petroquímica de Salina Cruz, para designarlo ZEE, donde se podrán instalar fábricas y bodegas que gozarán de incentivos fiscales y usarán infraestructura de alta calidad creada ex profeso.

El proyecto todavía no define los incentivos para que las empresas se instalen en dichas regiones, aunque una presentación en poder de Manufactura, realizada por Locus Economica, indica que éstos podrían ser reducciones en tasas del Impuesto sobre la Renta (ISR) o del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos indirectos como el IEPS. 

No obstante los estímulos fiscales, Elvira Naranjo advierte que si no existen políticas de desarrollo social que acompañen el despliegue de las zonas, difícilmente invertirán las empresas, además de que el rezago educativo en estas regiones dificulta empatar la oferta de talento humano con las necesidades de las industrias de alto valor que allí se esperan. 

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“Se necesitarán ingenieros y especialistas que si no se vienen de la localidad, vendrán de fuera y entonces la participación de los habitantes de la región se limitará a la de empleados de la construcción y de servicios”. 

Otro aspecto a considerar son los conflictos sociales en dichos estados y la debilidad de los gobiernos locales. “Un empresario no puede instalar una empresa si a cambio de sus impuestos tendrá escasa protección ante el crimen organizado o si estará sujeto a bloqueos carreteros y ataques a su propiedad por problemas políticos y sociales", dice Naranjo.

El artículo completo aparece en la edición de noviembre de 2015 de la revista Manufactura que publica Grupo Expansión.