La Fiscalía de Japón acusa formalmente a Ghosn de fraude fiscal
TOKIO, JAPÓN.- El expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, fue acusado hoy formalmente de ocultar compensaciones salariales millonarias en acuerdo con la empresa automotriz, por lo que seguirá en custodia de las autoridades japonesas hasta después de Navidad.
Según la Fiscalía de Tokio, la acusación también afecta parcialmente a Nissan Motor y al exdirector de Nissan, Greg Kelly, por su vinculación con los hechos que llevaron a la detención y destitución de Ghosn, de 64 años de edad, reportó la agencia japonesa de noticias Kyodo.
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Como se recordará, el ejecutivo —que es una de las figuras más importantes de la industria automotriz internacional— fue arrestado el pasado 19 de noviembre.
La acusación fue anunciada este lunes, cuando venció el período de detención provisional de Ghosn, lo que obligaba a la Fiscalía a ponerlo en libertad, levantar nuevos cargos o bien a anunciar la inculpación formal.
Según los fiscales, los dos hombres colaboraron para informar irregularmente sobre los ingresos de Ghosn en los documentos financieros de Nissan, por un monto aproximado de 5,000 millones de yenes —unos 44 millones de dólares (mdd)— durante un período de cinco años que concluyó en marzo de 2015.
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En total, las cantidades convenidas por Ghosn y Nissan, entre marzo de 2011 y 2015, eran de 9,855 millones de dólares (mdd), aunque sólo fue declarado 50.6% de esa suma, según la fiscalía.
Posible castigo: cárcel o multas
Además de acusar a Ghosn y a Kelly, la fiscalía inculpó a Nissan de haber incumplido la ley de instrumentos financieros del país, que regula las compañías que cotizan en su mercado de valores.
Desde la detención de sus dos altos exdirectivos, la empresa ha tratado de desvincularse de esas malas prácticas, pero los fiscales consideran que el fabricante, como persona jurídica, es también responsable de haber declarado información falsa en sus informes anuales a los reguladores.
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Según Nissan, las irregularidades cometidas por Ghosn incluyen declarar unos ingresos menores a los percibidos durante muchos años, usar en beneficio propio capitales de inversión de la compañía “bajo falsos pretextos” y utilizar fondos empresariales para cubrir personales.
De ser condenados los acusados, la pena máxima por fraude financiero y violación de las leyes comerciales es de 10 años en prisión, una multa de 10 millones de yenes —unos 89,000 dólares— o ambas.
