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46% de la obra pública es adjudicada sin licitaciones abiertas

GRÁFICAS El método común es la adjudicación directa o la licitación restringida; la SCT es la dependencia con más contratos.
obras - construcción
Foto: iStock by Getty Images

CIUDAD DE MÉXICO.- En los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las dependencias, institutos y organismos del Gobierno federal han adjudicado de forma directa o mediante invitación restringida, una proporción de 46% de los proyectos para obras públicas. La mayoría corresponden al sector carretero.

Entre el 20 de diciembre del 2018 y el 28 de febrero de 2019 se han otorgado 980 contratos de obra pública, según información de Compranet. Entre las dependencias, destacan la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Administraciones Portuarias e institutos de seguridad social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre enero y febrero de 2019, se han otorgado cerca de 497 contratos de obra pública por un monto aproximado de 3,194 millones de pesos (mdp), de los cuales 46% han sido por invitación restringida y adjudicación directa.

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La contratación de obra pública se realiza bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), la cual dicta que existen tres formas de contratación: licitación pública nacional o internacional, y excepciones a la misma, que son las de invitación restringida y la de adjudicación directa.

La Ley indica que para que se otorguen contratos por estas dos últimas, se deben cumplir los requisitos como el monto a contratar, la "urgencia" o condiciones particulares de las obras. Por lo que ahora, casi la mitad de las contrataciones se realizan bajo esas "excepciones".

“El proceso para contratar que deben seguir los gobiernos, federal y estatales, es la licitación pública abierta. Cualquier otro proceso tendría que justificarse y un Gobierno que se piensa abierto y promotor de la integridad y de políticas anticorrupción, debería generar mucha rendición de cuentas sobre estas decisiones”, señaló Mariana Campos, coordinadora de rendición de cuentas en México Evalúa.

El sector carretero fue de los primeros en tener un plan de inversión sexenal desde el principio de la administración. El objetivo no era lanzar nuevos proyectos públicos o concecionados, sino terminar aquellos que ya están en proceso, como las grandes carreteras de Oaxaca, y modernizar y conservar los ejes que ya en operación, por un monto de 30,000 mdp.

Por ese motivo, la SCT es la dependencia que ha contratado más obra pública, pero sin la mediación de concursos públicos, sino a través de invitación restringida a empresas. Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, la SCT y la Capufe han otorgado 884 contratos en el sector carretero, con base en los datos de la plataforma Compranet, de los cuales 44% se han adjudicado sin concursarse públicamente.

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Tan solo la SCT ha concedido 388 contratos de mantenimiento, conservación y rehabilitación carretera que no han sido concursados públicamente, sino adjudicados por procesos excepcionales como por invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.

Dominan las invitaciones restringidas

La SCT aclaró que las empresas invitadas a participar en los concursos restringidos cumplieron con los requisitos, como estar 90% domiciliadas en la localidad donde se realizarán los trabajos y 75% certificadas y validadas por un organismo gremial, refiriéndose a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Pero la dependencia no explicó la razón por la que optó por este tipo de contratación, en lugar de la modalidad de licitaciones abiertas. Según información de la SCT, se invitaron a 921 empresas avaladas por la CMIC y por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los contratos adjudicados por procesos excepcionales fueron concertados por montos de entre 5 y 12 millones de pesos (mdp) y fueron dirigidos a empresas locales medianas y pequeñas, aseguró Eduardo Ramírez, presidente de la CMIC. “El Gobierno lo está haciendo transparente, hay transmisión de las licitaciones y fallos, sí son larguísimas, pero por eso hay que precalificar y que a las empresas ya no se les revise (durante el proceso) si son capaces o no, pero sí hablar de costos de referencias. Eso es una competencia abierta y directa”, añadió Ramírez.

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Ejecutar a toda prisa la adjudicación de contratos no es lo más recomendable, opinó Alejandro Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC). “No es lo optimo, ya que nunca será una medida clara ni que garantice la transparencia, y al contrario, limitará la observancia y el conocimiento de más empresas que puedan ofrecer mejores condiciones, servicios o precios”.

El presidente de la CMIC y de Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) coinciden en que sí es factible realizar adjudicaciones directas y ahorrar tiempo en los procesos, si se logra una lista de empresas que cuenten con acreditaciones de calidad, certificaciones y capacidades técnicas avaladas por organizaciones.

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